Alivio para los jubilados

Sáenz retiró la ley del IPS y llevó tranquilidad a los jubilados

"No quiero que quede nada escrito y firmado por mí que afecte a los jubilados", expresó el gobernador.

En medio de una creciente polémica por los alcances del proyecto de ley que proponía modificar el funcionamiento del Instituto Provincial de Salud (IPS), el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció que retirará la iniciativa de la Legislatura y pidió disculpas públicas por lo que calificó como "un error" que generó incertidumbre en miles de afiliados, especialmente jubilados.

A través de un extenso mensaje en redes sociales, el mandatario explicó que, si bien la intención del proyecto era ordenar el sistema legal del IPS -que se rige por normas dispersas desde su creación-, el contenido del proyecto y su falta de claridad generaron interpretaciones que atemorizaban a los sectores más vulnerables, particularmente a los adultos mayores.

"Sé humilde para admitir tus errores, inteligente para aprender de ellos y maduro para corregirlos", inició Sáenz, reconociendo que la comunicación previa fue insuficiente y que, pese a sus aclaraciones, "los de siempre, dirigentes políticos, aprovecharon para seguir creando incertidumbre y angustia en los queridos jubilados".

Sáenz remarcó que se reunió con gremios para llevar tranquilidad a los trabajadores y anunció que ha instruido al interventor del IPS, junto a comisiones de salud de Diputados y Senadores, y al Ministerio de Salud, a trabajar en un nuevo proyecto superador, con más control y transparencia. La intención, sostuvo, es que el IPS "salga del momento difícil que está viviendo".

Crítica situación financiera Durante su mensaje, el gobernador no esquivó la crítica situación económica del instituto. Indicó que la última devaluación provocó aumentos de entre el 500% y el 600% en medicamentos, y denunció prácticas fraudulentas de sobrefacturación por parte de algunas clínicas.

"Sobrefacturación significa que un afiliado se interna un día y aparece una factura por tres días. O que se le hacen estudios innecesarios solo para facturar más", ejemplificó. "Y no se enojen si auditamos, porque estamos defendiendo a los afiliados".

También comparó el sistema con las obras sociales privadas: "Un grupo familiar paga entre 600.000 y 900.000 pesos mensuales en una prepaga. En el IPS, muchos que cobran muy bien no llegan a pagar ni 30.000 pesos. Así, es imposible sostenerlo".

"No voy a cortar el hilo por lo más delgado"

Sáenz insistió en que no va a culpar a sus asesores ni a otros funcionarios por el contenido del proyecto y aseguró que asume toda la responsabilidad. "No quiero que quede nada escrito y firmado por mí que afecte a los jubilados. Me hago cargo como ser humano de carne y hueso. No voy a cortar el hilo por lo más delgado", dijo.

El mandatario cerró su mensaje con un fuerte compromiso hacia los jubilados:

"Que Dios los bendiga. Queridos jubilados, aquí tienen un amigo que siempre va a estar a su lado y nunca va a hacer nada para perjudicarlos".

Con esta decisión, el gobierno busca enfriar el malestar generado por un proyecto que, pese a sus fines administrativos, fue percibido como una amenaza directa a la continuidad del IPS tal como se conoce. Ahora, todas las miradas estarán puestas en el nuevo texto que se elabore y en el equilibrio que logre entre sostenibilidad financiera y protección del derecho a la salud de los afiliados.


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